El Ministerio Público depositó la apelación a la sentencia que sólo impone siete años de prisión a Juan Alexis Medina Sánchez y solicitó que, en cambio, que al procesado por corrupción administrativa se le imponga una condena de 20 años de cárcel y al pago de una multa de 400 salarios mínimos.
La procuradora de Corte, Mirna Ortiz, indicó que con este recurso el órgano acusador reafirma su desacuerdo con las penas impuestas por los jueces del Segundo Tribunal Colegiado, el cual, además, absolvió a varios de los procesados.
“Hemos depositado, ante la Presidencia de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el recurso de apelación a la decisión emanada del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Claribel Nivar, Giselle Soto y Clara Castillo”, señaló Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El Ministerio Público solicita que a Medina Sánchez se le imponga, asimismo, la degradación cívica, conforme a lo establecido en el Código Penal para destituir o excluir a los condenados de las funciones, empleos o cargos públicos, así como otras limitaciones de derecho establecidas por el legislador para resguardar el interés de la sociedad.
Para José Dolores Santana Carmona el Ministerio Público solicita que se le impongan 15 años de prisión, una multa de 400 salarios mínimos y la degradación cívica.
En el caso de Fernando Aquilino Rosa Rosa, absuelto por el Segundo Tribunal Colegiado, solicita que se le impongan diez años de prisión, una multa de 400 salarios mínimos y la degradación cívica.
También solicita una condena de 10 años, una multa de 400 salarios mínimos y la degradación cívica para Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana del procesado Juan Alexis Medina Sánchez, y para Wacal Vernabel Mendez Pineda.
En cuanto a Carlos Jose Alarcón, Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina, Carlos Martin Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez y Fulvio Antonio Cabreja Gómez (Angelo), el Ministerio Público pide la imposición de diez años de reclusión mayor y el pago de una multa de 200 salarios mínimos.
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