La contabilidad pública permite a las instituciones manejar cientos de miles de tickets y galones de combustible con escasos controles, lo que deriva en el uso discrecional de cuantiosos recursos que escapan al escrutinio público.
Este beneficio se entrega directamente desde tanques ubicados dentro de la institución, por medio de tarjetas recargables, como un aporte adicional al salario o a través de tickets. Estos últimos son pequeños volantes que permiten al portador abastecerse en las estaciones y los montos indicados.
Los auditores de la Cámara de Cuentas y de la Contraloría General de la República encontraron entidades que gastan este subsidio sin dejar constancia de quién lo recibe, lo asignan a empleados a quienes no les corresponde o lo entregan en cantidades que exceden el límite legal y que incluso pueden triplicar el salario del beneficiario.
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